Sobre la venta de archivos y la conservación del patrimonio

0
1520

La venta del archivo de Juan Carlos Romero representa un caso testigo: se trata de un archivo valiosísimo para el arte y la cultura argentina del siglo XX y su pérdida es difícil de representar en sus consecuencias futuras. Para cualquier investigador de arte argentino resulta evidente que los archivos deben permanecer en el país. El caso permite al mismo tiempo desplegar una trama de problemas que lo colocan en una red geopolítica que es importante no perder de vista. Desde hace unos años se ha intensificado el interés por los archivos. Las fundaciones y las universidades internacionales de Europa y los Estados Unidos los compran y en muchos casos pasan a integrar las políticas y las colecciones de los museos. El tema es acuciante para el patrimonio cultural de los países latinoamericanos que no sólo carecen de recursos sino también de políticas de conservación de sus archivos. O, si las tienen, no las aplican.

Un archivo no es un conjunto amorfo de papeles, es una estructura, en sí misma, de las tramas culturales y los conceptos que llevaron a reunirlos. Es una pieza de pensamiento y, fundamentalmente, parte de una o de muchas experiencias. Es memoria, patrimonio, historia. El archivos de Juan Carlos Romero es, en este sentido, excepcional.

El acopio de la cultura latinoamericana por Europa primero y por los Estados Unidos después siguió un camino en dos etapas: la primera de saqueo; la actual de comercialización. Alemania, como lo ha declarado Clémentine Deliss, tiene la mayor cantidad de museos etnográficos del mundo, reuniendo un legado colonial que no ha sido revisado desde una perspectiva crítica. En su conjunto posee más de 5 millones de objetos guardados, en gran parte, en reservas herméticas. Piezas arqueológicas de África y América Latina que no pueden exhibirse porque el tratamiento arsénico utilizado para conservarlos los ha vuelto contaminantes. Si miramos a los Estados Unidos, durante años existió un litigio entre la Universidad de Yale y el estado peruano por cientos de piezas de Machu Pichu que llevaron para su estudio y solo después de 100 años retornaron.

La nueva articulación para la apropiación de archivos es el mercado, en el que los países latinoamericanos, con magros presupuestos, sumado a la falta de interés de fundaciones y empresarios locales, no participan para  recuperar obras y documentos mediante la compra. Y cuando lo hacen, la legislación de los países centrales impide estas acciones de rescate. España ha dado muestras de su capacidad de retener piezas latinoamericanas apelando a normativas sobre un patrimonio paradójico: durante 2017 el Museo de Arte de Lima buscó recuperar en una subasta internacional del Códice Trujillo, obra y documento relevante para la cultura peruana. Realizada la operación de compra venta, el Estado español hizo valer su derecho de retener la pieza y ofreció a Perú una copia facsímil. Es decir que la legislación patrimonial de España se impuso al poder del mercado y el Códice permanece en Museo de América, Madrid, donde se exhibió temporalmente.

Para evitar que el valiosísimo archivo de Juan Carlos Romero salga del país, Argentina, tendría que hacerse valer la legislación existente: de acuerdo a la Ley 15930 solo habría que observar los siguientes artículos:

ARTICULO 17°.- Los documentos de carácter históricos son de interés público y no podrán extraerse del territorio nacional sin previo dictamen favorable del Archivo General de la Nación.

ARTICULO 19°.- Los documentos de carácter histórico que estén en poder de particulares, deben ser denunciados por sus propietarios al Archivo General de la Nación o al Archivo General de la Provincia que corresponda en el plazo de un año de promulgada esta ley, para el conocimiento de su existencia e incorporación al inventario a que se refiere el inciso f) del artículo 2°. La no observancia de esta disposición implicará ocultamiento.

ARTICULO 20°.- Los poseedores de documentos históricos podrán continuar con la tenencia de los mismos, siempre que los mantengan en condiciones que garanticen su conservación. Asimismo podrán entregarlos en depósito y custodia al Archivo General de la Nación o a un Archivo General Provincial, en las condiciones que se estipulen, inclusive la de no ser consultados sin autorización de sus propietarios. Su entrega podrá ser revocada.

ARTICULO 21°.- Los cedentes de documentos históricos deberán solicitar autorización del Archivo General de la Nación o del Archivo General Provincial, según el caso, para efectuar la transferencia, indicando el nombre y domicilio del futuro propietario o tenedor. Dentro de los treinta días de producido el acto deberán comunicar su conclusión. El incumplimiento de lo establecido en esta ley será considerado ocultamiento.

ARTICULO 22°.-Las personas que comercien con documentos de carácter histórico o intervengan en las respectivas transacciones deberán cumplir los mismos requisitos establecidos en el artículo

21°. La infracción a lo determinado en este artículo, será considerada igualmente ocultamiento.

Si la venta del archivo de Juan Carlos Romero no observó estos procedimientos la ley debería servir para evitar que se concrete. La lectura de la ley permite afirmar que dicho archivo está integrado por documentos fundamentales, únicos para la cultura argentina.

El caso, al mismo tiempo, debe servir para reflexionar sobre otras cuestiones políticas y geopolíticas. Los archivos latinoamericanos se siguen comprando en Europa y en los Estados Unidos y entran a formar parte de políticas patrimoniales. El caso emblemático reciente es el de la formación del Archivo Lafuente en Santander, España, con el que el Museo Centro de Arte Reina Sofía firmó el año pasado un acuerdo por medio del cual dicho archivo será un Centro Asociado del Reina Sofía en la ciudad de Santander. Traigo este caso a debate por tratarse de un archivo de arte contemporáneo, muchos de cuyos acervos son de arte latinoamericano: este archivo se formó por medio de compras, tal como se está procediendo con el archivo Juan Carlos Romero.

El caso que nos ocupa debe servir para observar el movimiento de los archivos en su perspectiva global: se trata de políticas y geopolíticas del conocimiento ante las cuales la única solución es una legislación eficiente, capaz de proteger nuestro patrimonio. No se trata solo de retener los archivos. También debe disponerse de los recursos imprescindibles para clasificarlos, conservarlos y abrirlos a la consulta pública en plazos acotados en el tiempo. Cuando un archivo se consulta sin catalogación existe el peligro de que se extraigan documentos. La desfinanciación amenaza a los archivos existentes: Espigas, el archivo más importante de arte argentino y latinoamericano, que ha desarrollado óptimos procedimientos de catalogación, conservación y apertura pública, no ha recibido este año financiación por medio de la Ley de Mecenazgo, una de las pocas vías con las que cuentan estos proyectos –tampoco fueron aprobadas propuestas culturales centrales para el medio artístico argentino como CIA, Vergel o iniciativas igualmente valiosas de la cultura independiente. Se trata de proyectos que en muchas oportunidades comienzan desde iniciativas privadas, pero que en su colaboración con lo público abren caminos para conservar y democratizar los archivos.

El problema de los archivos no se reduce a quienes los venden o quienes los compran, debe analizarse en el contexto de políticas patrimoniales y políticas de financiación de la cultura argentina. Si se elimina de este debate la responsabilidad de lo público y su capacidad para proteger el patrimonio, los archivos de arte argentino seguirán vendiéndose al mejor postor.